Del Pacto Constitucional Educativo (1992) al Pacto de los Partidos Políticos con representación parlamentaria por la educación (2022)

condición necesaria para la Transformación Educativa en el Paraguay

Resumen

El pacto político, como concertación de partidos políticos en la formulación de políticas públicas educativas, “… es un proceso que forma parte de un proyecto de sociedad. Los pactos son una construcción social… los procesos de concertación política, en el caso de las políticas educativas, la modalidad más común en las últimas décadas – aunque no la única – ha sido la ley” (Tedesco, p.110, 2007)

La Constitución Nacional representa el Pacto Educativo fundante para la formulación de políticas de Estado en el ámbito de la educación. En el caso de Paraguay debe formularse en el marco de un Estado Social de Derecho y un sistema de gobierno democrático, representativo, participativo y pluralista y además conforme con el artículo 73 referido a los fines para la educación.  

Las cuestiones sociales definidas como factores asociados de la educación, condicionan y limitan el aprendizaje de los niños y adolescentes.  En el Paraguay, el factor asociado determinante es la situación de pobreza, que representa el 48% de la población escolar. El objetivo de la investigación es demostrar que para revertir esta situación, se requiere de un pacto entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria que garantice mayor inversión en educación y en políticas sociales compensatorias de lucha contra la pobreza, condición sine qua nom para generar las condiciones de la transformación educativa. La metodología adoptada es descriptivo analítico-crítica con base en los artículos constitucionales, legales y las políticas públicas sociales y educativas.    

La transformación de la educación no se podrá llevar adelante sin modificar la estructura de pobreza que aqueja al 26.9% de la población y a 5 de cada 10 niños en edad escolar.  La clase política es la responsable de revertir estos datos sociales y garantizar el derecho constitucional al aprendizaje.